La migración en México: Entre el tránsito, el retorno y la integración

En 2025, México se consolida como un país clave dentro del fenómeno migratorio regional, al fungir simultáneamente como país de origen, tránsito, destino y retorno. La complejidad de este fenómeno ha llevado al Estado mexicano a enfrentar desafíos sociales, humanitarios, económicos y de gobernanza sin precedentes, particularmente ante el crecimiento sostenido del flujo migratorio procedente de América Central, el Caribe y, más recientemente, de países sudamericanos, africanos y asiáticos.

Al mismo tiempo, muchas de estas personas no consideran a México únicamente como un país de paso hacia Estados Unidos, sino como un posible destino de permanencia. Según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el número de solicitudes de asilo ha superado las 170,000 en lo que va del año, siendo Chiapas, Ciudad de México y Tabasco las principales entidades receptoras (COMAR, 2025).

Migración de retorno y desplazamiento interno

México también enfrenta una realidad significativa de retorno migratorio. Miles de mexicanos que radicaban en Estados Unidos están regresando, ya sea de manera voluntaria o forzada. En 2024, la Unidad de Política Migratoria registró el retorno de más de 200,000 connacionales, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad, sin redes de apoyo ni acceso inmediato a servicios básicos (UPMRIP, 2025). A esto se suman los desplazamientos internos causados por la violencia criminal y conflictos territoriales, sobre todo en regiones de Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Políticas públicas y desafíos institucionales

 Ante este panorama, el gobierno mexicano ha buscado fortalecer la cooperación internacional y la capacidad institucional. Programas como Sembrando Oportunidades (implementado en colaboración con USAID y organismos multilaterales) buscan atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica, mientras que a nivel nacional se han ampliado los Centros Integradores para el Migrante y se han firmado convenios con gobiernos estatales para descentralizar la atención humanitaria.

No obstante, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado deficiencias en la respuesta estatal, particularmente en materia de alojamiento digno, acceso a servicios de salud y regularización migratoria. Amnistía Internacional (2025) ha señalado prácticas sistemáticas de detención prolongada, violencia en estaciones migratorias y escasos mecanismos para la integración social de migrantes reconocidos como refugiados.

Además, el acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes migrantes sigue siendo limitado por barreras administrativas y de idioma. La SEP, en colaboración con UNICEF, ha diseñado programas piloto para garantizar la inclusión escolar, especialmente en escuelas multigrado de zonas rurales.

La migración en México en 2025 es un fenómeno multidimensional que exige respuestas coordinadas, integrales y basadas en los derechos humanos. Más allá de medidas de contención, se requiere una estrategia de largo plazo que reconozca el potencial económico, social y cultural de la población migrante, al mismo tiempo que se atienden las causas estructurales del desplazamiento y se promueven mecanismos reales de integración.

En GLASS continuaremos trabajando con los gobiernos locales para impulsar acciones que sumen y ayuden a la integración de los migrantes.